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Tojeira lanza dura advertencia a Sánchez Cerén, Quijano y Pineda por desalojos en finca El Espino

El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), padre José María Tojeira, lanzó hoy una dura advertencia contra los presidentes de los tres Órganos del Estado, a raíz del desalojo de 76 familias de la finca El Espino.

“Si Sánchez Cerén, Quijano y Óscar Pineda Navas no se pronuncian ante el trato inhumano que se les está dando a los desalojados del Espino, no se extrañen que se les llame a los tres violadores de Derechos Humanos”, dijo Tojeira en su cuenta de Twitter.

El también exrector de la UCA expresó desde hace dos días su indignación por el desalojo de las familias de la finca El Espino, a quienes dijo las autoridades han violado sus derechos humanos.

Tojeira confirmó que el IDHUCA presentó esta semana una denuncia contra el juez José Antonio Palma, de Antiguo Cuscatlán, acusándolo de “ineptitud”, por haber ordenado el desalojo de las familias pobres, quienes han vivido en el lugar durante décadas.

La denuncia fue presentada ante la sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Hay enfermos y adultos mayores, algunos de 75 años. Se les está tratando de un modo indigno del ser humano”, denuncio el padre Tojeira, quien además dijo que a las familias se les cortó la energía eléctrica desde la noche del miércoles, a pesar de que hay niños y ancianos.

La finca El Espino tenía originalmente una extensión de 2,000 manzanas de tierra fértil y era parte de las tierras ejidales que luego de la independencia, en 1821, fue propiedad común de los campesinos. Pero fue escriturada por la familia Dueñas en la década de 1880 y se apropió del terreno.

En esa época nacieron los grandes terratenientes del país que llegaron a conocerse como las 14 familias, quienes escrituraron a su nombre amplias extensiones de tierra comunes del país. Algunos de ellos llegaron a ser dueños de 15 haciendas y más. Entonces los campesinos que cultivaban esas tierras ejidales pasaron a ser colones de los nuevos dueños.

Ahora la familia Dueñas exigió el desalojo de las familias de la finca para hacer un proyecto habitacional de residencias de lujo y alto precio.

La orden del juez se produjo pese a que hay una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe el desalojo de las familias mientras el Estado no les garantice una reubicación ordenada hacia un lugar seguro.

Habitantes de la finca El Espino denunciaron que la madrugada de este viernes ingresó a esa propiedad maquinaria pesada para comenzar a demoler las viviendas de las familias que está siendo desalojadas desde hace dos días.

De las 76 familias unas 50 ya han sido desalojadas entre el miércoles y jueves por orden del juez de paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma, y de quien el IDHUCA ha pedido su destitución a la Corte Suprema de Justicia.

“Aquí nací yo, mis hijos, aquí nacieron mis padres. Mi papá trabajó 45 años para la familia Dueñas, no es justo que nos hagan esto”, dijo a una emisora de radio una de las madres afectadas por el desalojo.

Las familias desalojadas han construido viviendas provisionales sobre el arriate de la calle que está en las cercanías de la Cancillería de la República y que está frente a la finca El Espino, bajo la custodia policial que no permite el ingreso de la prensa.

Uno de los voceros de las familias afectadas, lamentó que el Gobierno no haya dado respuesta alguna para resolver el problema de vivienda de los desalojados.

A pesar de que existe un recurso solicitando medidas cautelares a favor de las familias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el juez Palma, ordenó el desalojo de las 76 familias.

Las familias afectadas temen por la seguridad de los habitantes que aún siguen dentro de la finca ya que no tienen comunicación con ellos, debido al cerco policial que se ha montado por orden judicial.

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