martes 24 de octubre de 2017
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ARPAS y ReDCo exigen una “auditoría del espectro radioeléctrico” antes de renovar concesiones

La Asociación de Radios Participativas de El Salvador (ARPAS), integrante de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), reiteró hoy su demanda de realizar una “auditoría del espectro radioeléctrico” antes de la renovación de las concesiones, proceso que comenzará este año. “Es necesario verificar la legalidad y transparencia de las concesiones de radio y televisión, antes del proceso de renovación”, plantea en su editorial de este jueves.

ARPAS recuerda que “en septiembre del 2016 la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) determinó que más del “60% de las concesiones radioeléctricas no tienen ningún documento de respaldo en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)”; y “de las que sí tienen algún registro, no está claro el procedimiento de asignación ni los criterios utilizados”.

“Por eso la SPTA recomendó a SIGET realizar una auditoría especial de las frecuencias del espectro radioeléctrico y un acto especial de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre cómo fueron otorgadas las concesiones; y que antes de renovar las concesiones, se revise que los procesos de asignación fueron legales y correctos”, sostiene la red de medios comunitarios.

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ARPAS señala que, sin embargo “dichas recomendaciones aún no han sido tomadas en cuenta por SIGET, a pesar de estar enmarcadas en la política de transparencia y rendición de cuentas del Ejecutivo”.

La coordinadora de radios alternativas también demanda que la Fiscalía General de la República aplique la extinción de dominio de las concesiones radiales del ex presidente Antonio Saca, porque estas fueron “utilizadas en la trama delictiva de los 246 millones de dólares sustraídos de las cuentas reservadas de Casa Presidencial”.

A continuación el texto completo del referido editorial:

Legalidad y transparencia

Es necesario verificar la legalidad y transparencia de las concesiones de radio y televisión, antes del proceso de renovación que se iniciará este año. Ésta es la demanda de las organizaciones sociales, académicas y medios comunitarios que integran la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo).

En un foro público realizado la semana pasada, ReDCo reiteró la necesidad de revisar los procesos de asignación de las frecuencias, pues muchas de estas fueron otorgadas de manera irregular: sin seguir el procedimiento legal, utilizando testaferrros, en subastas fraudulentas, etc.

En septiembre del 2016 la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) determinó que más del “60% de las concesiones radioeléctricas no tienen ningún documento de respaldo en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)”; y “de las que sí tienen algún registro, no está claro el procedimiento de asignación ni los criterios utilizados”. Todas estas concesiones fueron otorgadas durante los gobiernos de ARENA.

Por eso la SPTA recomendó a SIGET realizar “una auditoría especial de las frecuencias del espectro radioeléctrico y un acto especial de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre cómo fueron otorgadas las concesiones”. Y también propuso que, “antes de renovar las concesiones, se revise que los procesos de asignación fueron legales y correctos”.

Dichas recomendaciones aún no han sido tomadas en cuenta por SIGET, a pesar de estar enmarcadas en la política de transparencia y rendición de cuentas del Ejecutivo.

Para avanzar en la legalidad y transparencia de las concesiones radioeléctricas, ReDCo también presentó este día una demanda contra el ex superintendente de SIGET Fernando Arguello Téllez por su responsabilidad en la asignación irregular de canales televisivos en marzo de 2009.

En un proceso fraudulento de conversión de canales privados a canales abiertos, siete canales (39, 41, 43, 45, 47, 49 y 51) fueron otorgados a personas que después resultaron ser testaferros de un conocido grupo mediático. Dichos canales fueron devueltos a la SIGET en octubre de 2016, pero esto no exime de responsabilidad al ex funcionario que los otorgó.

Por eso ReDCo pidió hoy que la Fiscalía General de la República  investigue las actuaciones del ex superintendente Arguello Téllez, quien actualmente se desempeña como magistrado de ARENA en el Tribunal Supremo Electoral.

Hace más de un mes, ReDCo también solicitó que se aplique la extinción de dominio a las concesiones del ex presidente Antonio Saca por haber sido utilizadas en la trama delictiva de los 246 millones de dólares sustraídos de las cuentas reservadas de Casa Presidencial. Sin embargo, la Fiscalía todavía no actúa.

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