martes 24 de octubre de 2017
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Compañía de Jesús y la UCA piden conmutación de pena para coronel Benavides por masacre de jesuitas

La Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ofendidos por la masacre de los padres jesuitas, en 1989, pidió formalmente al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, la conmutación de la pena a favor del coronel Guillermo Benavides y que éste recupere de inmediato su libertad.

“Solicitamos respetuosamente al Presidente de la República, a través del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la gracia constitucional de CONMUTACIÓN DE PENA a favor del coronel Guillermo Benavides, para que su sentencia de 30 años de prisión se reduzca sustancialmente”, indicó la UCA en un comunicado de prensa.

El comunicado agregó que: “La conmutación de pena, desde la perspectiva de la justicia transicional, puede ser el instrumento constitucional vigente en el país para que la decisión de las víctimas de perdonar incida favorablemente en la situación jurídica de un responsable de graves violaciones a derechos humanos, como es el caso del coronel Benavides por su participación en la Masacre en la UCA, catalogada como un crimen de lesa humanidad”.

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Benavides es el único militar implicado en la masacre de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras que guarda prisión en este momento, luego de ser recapturado en enero del año pasado. Otros ex uniformados de menor rango fueron puestos en libertad meses después de su detención.

Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, por la Sala de lo Constitucional, un tribunal ordenó que Benavides continuara en prisión para cumplir la sentencia de 30 años de cárcel que le fue impuesta en el juicio celebrado en 1993. Pero con la petición de la UCA y la Compañía de Jesús el militar podría recuperar su libertad.

Entre las razones del pedido, la UCA refiere “que, como parte de la conmutación de pena, la condena de 30 años de prisión impuesta contra el coronel Guillermo Benavides se reduzca a los años que ya ha permanecido detenido en relación a la Masacre en la UCA (es decir, los asesinatos de Celina Mariceth Ramos, Julia Elba Ramos, Ignacio Ellacuría Beascoechea, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López López y Amando López Quintana), tanto en el período de 1990 a 1993 como en el período de 2016 a 2017, en atención a las razones jurídicas, de salud y edad del referido señor, expuestas en el escrito de solicitud”.

“Hasta mayo de 2017, se estarían computando más de 4 años de detención aproximadamente. En consecuencia, solicitamos que el coronel Benavides recupere su libertad ambulatoria de forma inmediata, pues consideramos que la responsabilidad penal decretada judicialmente en su contra, como uno de los autores mediatos de la Masacre, ha satisfecho la consecución de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero solo en relación a su participación”, sostiene la UCA en su pedido al presidente de la república.

La Compañía de Jesús y la UCA aclaran “Que esta solicitud de conmutación de pena NO se entienda como una renuncia al derecho de pedir una indemnización por los daños sufridos, materiales y morales, porque las víctimas o sus familiares, en su caso, no pueden renunciar a sus derechos constitucionales, aunque pueden decidir no ejercerlos. En este caso, como comunidad jesuita y universitaria, no ejerceremos este derecho a la indemnización por los daños sufridos en relación a la participación del coronel Benavides”.

“Como víctimas y como cristianos, siempre hemos manifestado nuestra disposición al perdón, que exige el conocimiento y reconocimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades, la reparación y el propósito de no repetición. En el caso del coronel Benavides, creemos que estas condiciones se han cumplido”, concluye el comunicado de la UCA, suscrito también por el Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), que dirige el padre José María Tojeira.

Benavides fue acusado de planear el operativo militar que se llevó a cabo la madrugada del 16 de noviembre de 1989 para asesinar a los sacerdotes jesuitas de la UCA, en el interior de la universidad, pero la justicia española ha pedido la extradición de más de una decena de altos jefes militares de la época, acusados de ser los intelectuales de la masacre.

A continuación el texto íntegro del comunicado de la UCA.

 

Comunicado de prensa

Solicitud de conmutación de pena a favor del coronel Guillermo Benavides

La Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), víctimas de la masacre que cobró la vida de Elba y Celina Ramos y de seis jesuitas el 16 de noviembre de 1989, solicitamos respetuosamente al Presidente de la República, a través del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la gracia constitucional de CONMUTACIÓN DE PENA a favor del coronel Guillermo Benavides, para que su sentencia de 30 años de prisión se reduzca sustancialmente.

La conmutación de pena, desde la perspectiva de la justicia transicional, puede ser el instrumento constitucional vigente en el país para que la decisión de las víctimas de perdonar incida favorablemente en la situación jurídica de un responsable de graves violaciones a derechos humanos, como es el caso del coronel Benavides por su participación en la Masacre en la UCA, catalogada como un crimen de lesa humanidad.

En particular, solicitamos:

  1. Que, como parte de la conmutación de pena, la condena de 30 años de prisión impuesta contra el coronel Guillermo Benavides se reduzca a los años que ya ha permanecido detenido en relación a la Masacre en la UCA (es decir, los asesinatos de Celina Mariceth Ramos, Julia Elba Ramos, Ignacio Ellacuría Beascoechea, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López López y Amando López Quintana), tanto en el período de 1990 a 1993 como en el período de 2016 a 2017, en atención a las razones jurídicas, de salud y edad del referido señor, expuestas en el escrito de solicitud. Hasta mayo de 2017, se estarían computando más de 4 años de detención aproximadamente. En consecuencia, solicitamos que el coronel Benavides recupere su libertad ambulatoria de forma inmediata, pues consideramos que la responsabilidad penal decretada judicialmente en su contra, como uno de los autores mediatos de la Masacre, ha satisfecho la consecución de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero solo en relación a su participación.
  2. Que, como parte de la conmutación de pena, el nombre del coronel Benavides se mantenga en los registros policiales y penitenciarios correspondientes como responsable de los asesinatos por los que ha sido condenado, por un lapso no menor de 10 años, a partir de la fecha en que se conceda la conmutación; esto porque su responsabilidad penal no desaparece, así como para promover el derecho a conocer la verdad de la sociedad salvadoreña en su conjunto y como garantía de no repetición de graves violaciones a derechos constitucionales, como lo fue la Masacre. Todo por respeto a nuestra Constitución y la sentencia contra la ley de amnistía de 1993.
  3. Que esta solicitud de conmutación de pena, inspirada en la sentencia antes citada y en los parámetros de la justicia transicional, se entienda constitucionalmente válida porque cuenta con nuestra participación activa como víctimas, estando debidamente informados, conscientes y libres al momento de tomar esta decisión.
  4. Que esta solicitud de conmutación de pena NO se entienda como una renuncia al derecho de pedir una indemnización por los daños sufridos, materiales y morales, porque las víctimas o sus familiares, en su caso, no pueden renunciar a sus derechos constitucionales, aunque pueden decidir no ejercerlos. En este caso, como comunidad jesuita y universitaria, no ejerceremos este derecho a la indemnización por los daños sufridos en relación a la participación del coronel Benavides.
  5. Que esta solicitud de conmutación de pena NO se entienda como una renuncia al derecho a la verdad, justicia y reparación en relación al resto de presuntos responsables de la Masacre, que hasta ahora continúan prófugos y sin enfrentarse a la justicia. La lucha contra la impunidad en relación a graves violaciones a derechos constitucionales es una obligación constitucional e internacional del Estado salvadoreño a la que no puede renunciar, como tampoco las víctimas y sus familiares pueden renunciar a sus derechos.

Como víctimas y como cristianos, siempre hemos manifestado nuestra disposición al perdón, que exige el conocimiento y reconocimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades, la reparación y el propósito de no repetición. En el caso del coronel Benavides, creemos que estas condiciones se han cumplido.

San Salvador, 29 de mayo de 2017

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