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El Estado salvadoreño perdió $73 millones por corrupción en bulevar ex Diego de Holguín

El ministro de Obras públicas, Gerson Martínez, pidió hoy que se aplique la Ley de Extinción de Dominio a quienes se enriquecieron en el proceso de construcción del bulevar Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, proyecto en el que el Estado salvadoreño perdió en total $73 millones de dólares.

La petición del funcionario se produjo minutos antes de que iniciara el juicio contra el exministro de Obras Pública, Jorge Nieto y el exviceministro, Sigfredo Ochoa Gómez, y otros ex funcionarios vinculados a una serie de delitos cometidos durante la ejecución del millonario proyecto.

El titular del Ministerio de Obras Públicas, quien ha asistido la mañana de este lunes al tribunal, en calidad de representante de la institución defraudada, dijo en rueda de prensa que su objetivo es pedir justicia y “lo que interesa es cuánto de ese dinero que se perdió será devuelto para hacer obras”.

Martínez menciona que el daño a la población es millonario, con un costo que supera los $73 millones desagregados así: el tramo I con $30 millones; tramo II con $ 19 millones, a esto se le suman los laudos arbitrales con $13 millones y las garantías con $10 millones, haciendo un total de más de $63 millones perdidos.

“Pedimos a la justicia y a los involucrados en el caso Diego de Holguín que paguen sus derechos y es importante que el Estado rastree los fondos y recupere los fondos malversados”, sentenció el actual titular del MOP.

La obra fue abandonada varios años y al llegar el gobierno del presidente Mauricio Funes, en 2009, se resolvieron los conflictos legales y se reinició la construcción de la obra. Funes inauguró la nueva autopista pero su gobierno presentó una demanda por corrupción ante la fiscalía y el caso aún sigue en los tribunales.

El Tribunal Quinto de Sentencia instaló hoy el juicio contra los ex titulares por los delitos de peculado, falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes en la adjudicación, construcción y supervisión de la carretera que se le otorgó a la empresa Copreca-Linares.

Para el proceso judicial el ministro Martínez presentó a la Fiscalía 23 mil folios con abundante información para determinar la calidad de las faltas, como el pago de $30.447,272.59 a las empresas que estaban dejando en abandono las obras en el Bulevar.

Según el titular de Obra Pública este proceder era como “carteles de corrupción” que estafaban al Estado”, por tanto, pidió que se aplique la Ley de extinción de dominio “para que se rastreen y se recupere los fondos malversados”.

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  • Mario Guevara Callejas

    Que no se haria con tanto dinero del pueblo.