martes 19 de septiembre de 2017
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El Salvador es el primer país del mundo que proscribe la minería en forma determinante: ARPAS

La Asociación de Radios Comunitarias de El Salvador (ARPAS) calificó hoy como “un hito histórico” la Ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, aprobada la semana pasada con amplio consenso de todos los partidos políticos en el congreso.

“El hecho constituye un hito histórico: El Salvador es el primer país de América Latina y del mundo que proscribe en forma terminante toda actividad de exploración y explotación de metales del subsuelo, subterránea y a cielo abierto”, dijo ARPAS en su editorial de este lunes transmitido por sus 22 emisoras de radio socias a nivel nacional.

El proyecto de ley fue presentado por la Iglesia Católica, la UCA y diversas organizaciones de la zona norte del país, pero contó también con el abierto respaldo del presidente Salvador Sánchez Cerén.

ARPAS destacó que “el memorable acontecimiento es el resultado de 12 años de lucha popular contra la minería y en defensa de la vida, el agua y el medioambiente”, en la que ofrendaron su vida tres dirigentes ambientalistas en el departamento de Cabañas.

La Asociación se unió al llamado hecho ayer domingo por el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, quien luego de celebrar la aprobación de la ley contra la minería exhortó a los diputados a aprobar pronto la Ley de Aguas, en el seno del congreso desde hace varios años.

A continuación el texto íntegro del editorial de ARPAS transmitido este lunes por sus emisoras:

Minería PROHIBIDA

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 29 de marzo la ley que prohíbe definitivamente la minería metálica. 70 votos de todos los grupos parlamentarios avalaron la normativa que libra al país de la nociva industria extractiva, que había sido presentada por la Iglesia Católica, la UCA y comunidades de la zona norte.

El hecho constituye un hito histórico: El Salvador es el primer país de América Latina y del mundo que proscribe en forma terminante toda actividad de exploración y explotación de metales del subsuelo, subterránea y a cielo abierto.

El memorable acontecimiento es el resultado de 12 años de lucha popular contra la minería y en defensa de la vida, el agua y el medioambiente. Esta lucha, incluso, costó la vida de los ambientalistas antimineros Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, cruelmente asesinados en junio y diciembre de 2009.

En 2005 la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentó por primera vez una iniciativa de ley. Sin embargo, la moción de prohibir la minería cobró fuerza hasta mitad de 2016 con la resolución del CIADI a favor del Estado salvadoreño y a inicios de este año con la propuesta de ley de la Iglesia presentada directamente por el Arzobispo José Luis Escobar Alas.

La intervención de la Iglesia Católica presionó a la derecha parlamentaria -especialmente al oligárquico partido ARENA- que se negó durante más de una década a sumar sus votos al FMLN, el único partido que impulsaba la célebre normativa.

Ahora, mientras celebran merecidamente el resultado de su lucha, las comunidades y organizaciones de la Mesa deben pedir al Presidente Salvador Sánchez Cerén la inmediata sanción de la ley y advertir a la Sala de lo Constitucional que se abstenga de revertirla en caso de que algún lacayo de las empresas mineras interponga un recurso o demanda.

También es necesario exigir la salida inmediata de Pacific Rim/Ocena Gold (Minerales Torogoz) y el pago de los 8 millones de dólares al gobierno establecido por el CIADI.

Y para mayor seguridad de que la prohibición minera no será revertida es necesario impulsar una reforma constitucional, como plantea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Dicha reforma debe mocionarse ya, para que la actual legislatura la apruebe y la siguiente la ratifique.

Por lo demás, ojalá que -como dijimos en editoriales anteriores- la prohibición de la explotación minera sea la primera de una serie de normativas ambientales urgentes como la ley general de agua, que la derecha legislativa se niega a aprobar debido al interés privatizador de la gran empresa privada que busca hacer negocios con el vital líquido.

Ojalá que los discursos nacionalistas, ambientalistas y cristianos de los grupos parlamentarios expresados durante la aprobación de la ley antiminera fueran consecuentes y avalaran pronto la ley de agua, tal como lo pidió ayer Monseñor Escobar Alas.

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