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Gobierno afirma que presupuesto de 2018 está fundamentado en la realidad económica con prioridad en el desarrollo social

El gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén presentó ayer viernes a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, que asciende a $5,520.5 millones, el cual fue avalada el pasado jueves por el Consejo de Ministros.

En un comunicado, el gobierno asegura que “el presupuesto es congruente con una tasa de crecimiento real de la economía salvadoreña, estimada por el Banco Central de Reserva en 2.5% del PIB”.

Asimismo, incorpora importantes proyectos de inversión en áreas como educación, salud, seguridad pública, obras de infraestructura y otros.

“Para el desarrollo social, el presupuesto contempla $2.399.3 millones, 277.2 millones más que este año, un reflejo de la prioridad del gobierno con los sectores más desprotegidos de la población”, indicó el gobierno en un comunicado.

El monto total es mayor en $562 millones al presupuesto que se ejecuta en 2017, debido a compromisos del Estado como el pago de la deuda previsional, los pagos al IPSFA, el subsidio de energía eléctrica, que antes lo asumía la CEL, y el presupuesto extraordinario para las elecciones legislativas y municipales.

También, la Corte Suprema de Justicia pidió un aumento de $9.5 millones, incluyendo la creación de 213 plazas de trabajo, y se contempla una subida en los gastos financieros de $120.7 millones por el pago de interés de préstamos y títulos valores, así como las devoluciones de Renta e IVA a exportadores.

Debido a una disposición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el proyecto de presupuesto ha tenido que incluir partidas que históricamente no ha contemplado este instrumento financiero, situación que obliga a contratar préstamos, requiriendo el voto calificado en la Asamblea Legislativa para su aval.

Sin embargo, el presupuesto incluye recortes en los fondos destinados al Ejecutivo, que baja cerca de $200 millones en el marco de la rigurosa política de austeridad mandatada por el Presidente y otras reducciones que cumplen lo dictado recientemente por la Sala de lo Constitucional en lo referido al presupuesto. Por ejemplo, se ha reducido un 2,5% los bienes y servicios del Ejecutivo.

El proyecto de presupuesto 2018 es también un instrumento orientado a dar respuesta a la crisis fiscal del país, y se ha formulado de acuerdo con la disponibilidad de recursos proyectados y con financiamiento externo asegurado.

Esta propuesta además de estar alineada con los grandes objetivos y prioridades nacionales, se ha formulado siguiendo la normativa que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal, fruto del diálogo y búsqueda de consensos entre el gobierno y las fracciones políticas con representación en la Asamblea Legislativa.

En este sentido, el presupuesto 2018 está fundamentado en un escenario macroeconómico conservador y proyecciones fiscales realistas, cumpliendo el artículo 6 de la referida Ley.

De igual forma, el gobierno considera que el presupuesto “cumple con el principio de equilibrio y las recomendaciones de la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, que mandató plasmar en los presupuestos de nación todos los gastos y servicios”.

Para continuar con la ruta de desarrollo que lleva el país el presupuesto debe ser aprobado oportunamente, es decir, antes que termine este año.

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