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Iglesia Católica, la UCA y Cáritas piden a diputados prohibir la minería en El Salvador

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, junto al rector de la UCA, Andreu Oliva, pidieron este lunes a los diputados de la Asamblea Legislativa, la prohibición absoluta de la explotación minera en El Salvador, para evitar “un suicidio colectivo” en el país.

Además del arzobispo y el rector de la UCA también acompañaron la presentación del anteproyecto de ley el padre José María Tojeira, ahora director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y representantes de Cáritas El Salvador.

En su petición, los religiosos citan un estudio de Naciones Unidas, según el cual, después de Haití El Salvador presenta el mayor deterioro ambiental de América, por lo que consideran que permitir la minería en este país sería una especie de “suicidio colectivo”.

Y es que estudios señalan que siendo el río Lempa una de las pocas fuentes de agua del país, la explotación minera causaría su envenenamiento y los estragos a la salud de toda la población serian desastrosos.

“Los fundamentos son consideraciones acerca del deber de conservar la vida y el medio ambiente que la Constitución misma tiene salvaguardado en su articulado; y después, los daños que causa la minería y, por tanto, la propuesta que se prohíba de una manera absoluta, contundente”, dijo a los medios el arzobispo Escobar Alas.

El prelado dijo que la actual Ley de Regulación de la Minería “es sumamente obsoleta y que no puede seguir esa ley porque nos deja en grave peligro”.

Por su parte, el rector de la UCA dijo que los permisos para la explotación minera en El Salvador representa para El Salvador “un grave peligro, para el medio ambiente, sobre todo para el agua que ahora el país tiene de manera muy escasa… que no se dejen convencer por estas empresas mineras que nos han engañado de distintas maneras”.

La iniciativa de ley presentada a la Asamblea Legislativa logró apoyo de todas las fracciones, a excepción del partido ARENA.

El año pasado, El Salvador  ganó una millonaria demanda interpuesta por la minera Pacific Rim, ahora Oceana Gold, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), en cuya resolución obligó la obligó a pagar una indemnización de $8 millones de dólares.

La petición presentada por la Iglesia Católica y la UCA viene a respaldar una iniciativa que desde hace varios años vienen impulsando varias organizaciones que conforman la Mesa contra Minería Metálica, que ha pedido en reiteradas ocasiones a la Asamblea Legislativa una Ley para prohibir la explotación minera en el país.

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