sábado 23 de septiembre de 2017
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Juristas piden se declare improcedente extradición de militares por caso jesuitas.

Un grupo de juristas de El Salvador, entre los que se encuentran ex presidentes y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pidieron al máximo tribunal de justicia, declarar improcedente la petición de la Audiencia Nacional de España de extraditar a los militares implicados en el asesinato de los padres jesuitas y sus dos colaboradoras.

“La extradición es improcedente porque el Tratado entre España y El Salvador es de 1997 y no aplica a delitos cometidos antes de la muerte de los jesuitas, ocurrido en octubre de 1989”, es uno de los argumentos de los abogados, quienes sostienen que su posición es eminentemente jurídica, en favor de la soberanía nacional y no significa una aprobación del crimen.

Los abogados advierten que aplicar el Tratado de Extradición de manera retroactiva, violaría el artículo 21 de la Constitución, que establece que las leyes en ningún momento tendrá un efecto retroactivo en sus aplicaciones. El Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional de España emitió una petición de extradición sobre 17 militares salvadoreños señalados de asesinar en El Salvador a seis sacerdotes jesuitas y a dos colaboradoras.

“El Tratado con España no está por encima de la Constitución de la República y este no puede extenderle a la Corte Suprema una facultad discrecional para aprobar una extradición”, sostienen el grupo de reconocidos juristas.

Entre los abogados peticionarios se encuentra José Domingo Méndez, quien presidió el Órgano Judicial entre 1994 y 1997; ex magistrados como René Hernández Valiente, Mario Antonio Solano y René Fortín Magaña. También acompañó la petición el ex vicepresidente de la República, Enrique Borgo Bustamante.

En abril pasado, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales y el Rector de la UCA, Andreu Oliva; apoyaron la petición de extradición argumentando que el asesinato de los sacerdotes jesuitas es un crimen de lesa humanidad y las reglas del derecho imperativo internacional, obliga al Estado, sí no ha juzgado, a colaborar con la extradición.

Morales sostiene que ni la ley de Amnistía, la prescripción y figuras similares eximen de responsabilidad penal a los militares señalados.

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