martes 25 de julio de 2017
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Nulidad de Ley de Amnistía causa desconcierto en El Salvador

La sentencia emitida hace dos días por la Sala Constitucional contra la Ley de Amnistía, aprobada por el congreso en 1992 tras el fin de la guerra civil, ha causado desconcierto entre la clase política y dirigentes en este país, que en las últimas horas la calificaron de inconveniente, irresponsable y peligrosa para la estabilidad del país.

Pero al mismo tiempo han surgido voces para celebrar el fallo, pues lo ven como una esperanza de que se haga justicia con los miles de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto y continúan impunes.

Óscar Santamaría, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz por el lado del gobierno del expresidente Alfredo Cristiani, lamentó esta mañana el fallo de la Sala Constitucional, pues recordó que la Ley de Amnistía fue parte del proceso de paz que puso fin al conflicto.

“A mí me extrañó mucho que alguien diga que eso (la Ley de Amnistía) no estaba en los Acuerdos de Paz. No, no está en los acuerdos, pero es parte de un proceso de la finalización de un conflicto, donde hay instrumentos que hemos firmado y que son aplicables en estos casos”, dijo Santamaría, también ex Canciller de El Salvador.

“Para poder pacificar el país, firmar la paz, era necesario adoptar una amnistía, amplia, general y permanente. No se creó la amnistía como instrumento de impunidad, sino como instrumento de reconciliación”, afirmó Santamaría.

“La paz también tiene costos. Pero aquí estamos dando marcha atrás. Por eso es que hay preocupación en todo el entorno y el conglomerado salvadoreño con esta sentencia. No se han podido imaginar ellos, los magistrados, de las consecuencias de esta resolución, de los efectos que puede causar”, advirtió.

En la misma entrevista, el excomandante guerrillero, Juan Ramón Medrano, calificó de “totalmente irresponsable” la sentencia la Sala Constitucional, porque “se pudo haber evaluado jurídicamente, pero toda resolución tiene un contexto político”. “Esta resolución nos lleva hacia atrás, hacia el pasado y no toma en cuenta el contexto en que se dieron los acuerdos de paz y la Ley de Amnistía”, agregó.

“¿Tienen conciencia los magistrados de lo que acaban de hacer?, preguntó Medrano. “Aquí cualquiera puede poner una demanda contra cualquier crimen, no sólo contra los militares, aquí puede salir involucrado el presidente de la República, el vicepresidente y un montón de diputados. Aquí podemos desarmar la estructura democrática que hemos venido construyendo con muchísimos esfuerzos durante 24 años”, sostiene Medrado.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional el pasado miércoles la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1992, un mes después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en este país.

Fue en una sesión plenaria, convocada de carácter extraordinaria para el día sábado 20 de marzo, cinco días después que la Comisión de la Verdad, creada por Naciones Unidas por mandato de los Acuerdos de Paz, hiciera público su informe sobre horrendos crímenes cometidos por los bandos en conflicto en la pasada guerra civil.

Luego de 24 años de vigencia, la Ley de Amnistía es declarada inconstitucional como lo venían demandando activistas y organismos defensores de los Derechos Humanos, que consideran que dicha legislación permitió que miles de crímenes quedaran en la impunidad.

Pero ahora el fallo de la Sala habilita a la justicia para juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil por el ejército, los escuadrones de la muerte de la ultraderecha y por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político luego de firmada la paz y hoy en el gobierno por segundo período consecutivo.

El fallo señala que la Sala de lo Constitucional basó su resolución en que los crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, no prescriben, por lo que no pueden existir normativas internas que impidan investigarlos.

A partir del fallo de la Sala Constitucional, la justicia salvadoreña queda habilitada para juzgar casos emblemáticos como el asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980; las masacres de El Mozote y El Sumpul, donde fueron asesinados más de mil campesinos por el ejército; la muerte de seis sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras, a manos de un comando del ejército, entre muchos.

En su resolución, que debió esperar varios años de estudio en el tribunal supremo, los magistrados afirman que “no pueden ser objeto de amnistía o indulto, dejando en la impunidad, semejantes crímenes, los cuales están sujetos en toda circunstancia a la persecución, extradición, juzgamiento y sanción penal de los responsables”, tanto materiales como intelectuales.

Benjamín Cuellar, uno de los demandantes de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y reconocido activista a favor de los derechos humanos, celebró el fallo de la Sala y dijo que “la sentencia no distingue en tipo de imputados”, es decir, que pueden ser procesados crímenes de guerra cometidos por el ejército y la ex guerrilla del FMLN.
Afirma que gracias a la sentencia contra le Ley de Amnistía, ahora “toda la gente puede llegar a la Fiscalía General y presentar su caso”.

El Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez, anunció que cumplirá el fallo de la Sala Constitucional. “Desde la Fiscalía, en relación a esta sentencia, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y lo que nos corresponde constitucionalmente”, declaro a la prensa Meléndez en Washington, donde se encuentra en viaje oficial.

Meléndez agregó que “nosotros respetamos desde el punto de vista institucional esta sentencia, creo que los Órganos del Estado están funcionando”.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, fue otro de los que expresaron su satisfacción por el fallo de la Sala Constitucional. “Llega 24 años después, tardía, pero llegó. No sé por qué tenerle miedo a u poco de justicia”, dijo.

Morales dijo respaldar totalmente la sentencia y “me alegra que haya inaplicabilidad a la prescripción de delitos de lesa humanidad”. “Con esto es mentira que se acaba la paz, que va a haber persecuciones políticas o cacería de brujas. Esto es por las víctimas, por los derechos humanos, por un poco de justicia”, afirmó Morales.

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