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Presidencia acusa a Sala de lo Constitucional de frenar desarrollo energético del país al suspender cobro del 13% a electricidad

La Presidencia de la República defendió hoy la “constitucionalidad del cargo del 13%”  a la tarifa de electricidad y acusó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de “frenar el desarrollo energético de El Salvador”.

En un comunicado distribuido esta tarde, la Presidencia señala que “este cargo significa únicamente 1 centavo de dólar por kilovatio hora (KWh), sin afectar a más de un millón de hogares, un 70% de los mismos, quienes mes a mes reciben el subsidio del gobierno al consumir menos de 99 KW hora”.

“El centavo por kilovatio hora es necesario para la inversión social, que es vital para ampliar las capacidades de CEL en la generación de energía limpia y renovable, lo que garantiza precios bajos sostenibles en el tiempo”, añade el comunicado de la Presidencia.

La reacción de la casa de gobierno se produce luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, anunciara al mediodía de este miércoles que admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el cargo aprobado por el gobierno, y como medida cautelar ordenó que suspenda dicho cobro.

La Sala Constitucional informó que dio por admitida una demanda interpuesta contra el cargo a la electricidad, aprobado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en el decreto ejecutivo número 39. La admisión de la demanda fue firmada por los cinco magistrados de la Sala, incluyendo al suplente Eliseo Ortiz, quien sustituyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Como medida cautelar de la admisión de la demanda, la Sala ordenó que se suspende la aplicación del cobro del 13%, en concepto de cargo para inversión social, hasta que la institución emita un fallo definitivo sobre la demanda interpuesta por el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La ANEP estableció en la demanda que el cargo aprobado por el gobierno es inconstitucional, pues el cargo a la tarifa de energía eléctrica reúne las características de un impuesto y los tributos sólo pueden ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Pero el gobierno defiende la legitimidad y legalidad del cargo a la energía, pues considera que El Salvador merece y necesita contar con modernas fuentes de energía amigables con el medio ambiente y pensando en las futuras generaciones, como los parques eólicos y fotovoltaicos aprovechando recursos como el viento, el sol y nuestro petróleo blanco: la geotermia, explotada por la LaGeo, una empresa del Estado que es orgullo nacional”.

“El cargo tiene como única finalidad garantizar las inversiones futuras en materia de generación de energía, las que permitirán seguir trabajando en la modificación de la matriz energética en el corto plazo, cumpliendo uno de los objetivos de este gobierno contenido en el Plan Quinquenal de Desarrollo, que incluye, mayor producción de energías limpias y renovables, y lograr así la autonomía energética del país”, agrega el comunicado de la Presidencia.

Finalmente, la Presidencia afirma que “este no es un impuesto, porque que no ingresará al Fondo General de la Nación, sino a la CEL para hacer la producción nacional más eficiente, más barata y amigable con el medio ambiente”.

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