martes 24 de octubre de 2017
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Presidencia transfirió más de $21 millones a entidades privadas; Cristiani y Calderón no dejaron registros

La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia (SPTA) hizo público su primer Informe de Transparencia que trata sobre las transferencias de fondos públicos hechas por Casa Presidencial a entidades privadas desde junio de 1989 hasta junio de 2017, publica este miércoles el sitio oficial Transparencia Activa.

El documento –que es el primero de una serie de publicaciones que realizará la SPTA sobre diversos temas– transparenta la asignación de $21,6 millones a 137 instituciones privadas desde el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani hasta la actual administración del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Las fuentes de información para elaborar el informe fueron los registros de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, los Acuerdos Ejecutivos, los Dictámenes de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, el Registro de Asociaciones y Fundaciones del Ministerio de Gobernación, entre otros.

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La documentación consultada muestra que para el otorgamiento de los $21,6 millones antes de 2009 solamente el Presidente de la República lo decidía y, desde 2010, la Asamblea Legislativa es quien decide principalmente sobre las transferencias.

Es decir, para los periodos gubernamentales de Cristiani, Calderón Sol, Flores y Saca el 100% de las transferencias fueron asignadas y autorizadas por el Presidente a través de Acuerdo Ejecutivo, sin intervención del Congreso.

El informe de la SPTA indica también que en las administraciones de Cristiani y Calderón Sol no se encuentra información completa sobre el uso de los fondos.

De ahí que la Secretaría de Participación y Transparencia afirma que no ha existido una adecuada regulación sobre la prevención o manejo de los conflictos de intereses en el proceso de asignación, autorización y ejecución de las transferencias de fondos públicos a entidades privadas, ya que se han identificado cinco casos que violan lo establecido sobre conflictos de intereses en la Ley de Ética Gubernamental.

En ellos se mencionan a las exprimeras Damas de la República Elizabeth de Calderón, Lourdes de Flores y Ana Ligia Mixco de Saca, quienes administraron recursos en las instituciones privadas Bienestar Familiar (posteriormente renombrada como Asociación Familias en Progreso), Fundación la Niñez Primero, Comité Proyección Social-San Salvadory Fundación Virgen del Rosario.

El secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, afirmó que es absolutamente legítimo transferir fondos públicos a entidades ciudadanas y dijo que “a veces lo hacen mejor”.

Sin embargo, destacó que las transferencias a privados deben de regularse e incluirse mecanismos de transparencia para evitar la corrupción.

Resaltó también que ninguna de las transferencias presentadas en el informe proviene de la popularmente conocida “partida secreta”, sino, que están en los registros de Casa Presidencial y en el presupuesto de la nación.

El director de Transparencia Institucional ad-honorem de la SPTA, Pavel Cruz, expresó que en el gobierno del presidente Salvador Salvador Sánchez Cerén, el 71% de las transferencias vienen asignadas desde la Asamblea Legislativa; mientras que en el período de Mauricio Funes fue del 58%.

Agregó que en los gobiernos de ARENA (1989-2009) el presidente decidía discrecionalmente a quién entregar el dinero de las transferencias.

Indicó que la falta de documentación sobre el tema puede ser por mala administración o deficiente resguardo documental.
“Esa falta de documentación ha sido recurrente y se evidenció en el caso de los viajes presidenciales y Acuerdos de Paz”, resaltó Cruz.

Para combatir estas irregularidades, la SPTA recomienda aprobar una ley que transparente la asignación de los fondos y que permita un mayor control –gubernamental y ciudadano– sobre su implementación de acuerdo a los fines para los cuales hayan sido otorgados y las sanciones por incumplimiento.

Entre las conclusiones del informe están que la asignación de recursos públicos a privados es una práctica de larga data y ampliamente utilizada por los gobiernos de todo el mundo, se entiende que este tipo de transferencias ayudan a fortalecer a la sociedad civil organizada y llegar a territorios o poblaciones que por sus propias limitantes el gobierno no puede alcanzar. Muchos países optan por ejecutar sus proyectos canalizando los fondos a través de Organizaciones No Gubernamentales o entidades privadas pues en muchos casos existe menor riesgo de malversación o apropiación indebida de los fondos, mejor utilización de los recursos, y además se toma ventaja del trabajo territorial y las relaciones con sectores que la entidad ya posee por su propia cuenta.

Otra conclusión radica en que, si bien es cierto, hay asignaciones presupuestarias para entidades privadas con señalamientos por nexos políticos, familiares, empresariales o religiosos o, para ejecutar proyectos algunas veces muy poco claros, no se debe perder de vista que la mayor cantidad de las transferencias han sido destinadas para proyectos con resultados positivos, que aportan al desarrollo de la sociedad y fortalecen a la sociedad civil organizada.

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