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Procurador de Derechos Humanos advierte sobre impacto de agroquímicos en la salud de la población salvadoreña

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, dio a conocer un informe sobre el uso de agrotóxicos en El Salvador y el impacto en los derechos humanos, en el cual se destaca el alcance y la complejidad de la problemática causada por el uso de estas sustancias en el país.

El informe destaca que los efectos en la salud humana y el medio ambiente asociados al uso de agrotóxicos han sido extensamente investigados y documentados a lo largo de los años, y que esas investigaciones llaman a hacer uso de los principios de precaución y prevención, con el fin de evitar mayores consecuencias negativas y poder avanzar en estudios que permitan profundizar en tecnologías agrícolas alternativas y la mejor atención de los daños.

La situación actual genera costos incuantificables para el país y serias afectaciones a la salud y al medioambiente, que representan problemas no solo en el corto plazo, sino también afectaciones para las condiciones de vida de las generaciones venideras, señala el informe.

En el estudio de la PDDH se otorga una especial atención a la alarmante alza de casos de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, que ha producido un elevado número de fallecimientos en algunas zonas del territorio nacional, particularmente en lugares como los municipios de San Luis Talpa y Olocuilta.

El pasado mes de junio, las autoridades de salud de El Salvador aseguraron que 831 personas murieron en los últimos cinco años en este país, producto del uso de agroquímicos en las labores del campo.

El informe, enviado a la Asamblea Legislativa por el ministerio de Salud Pública, asegura que únicamente entre 2011 y 2015, se registraron un total de 831 muertes y 7,892 intoxicaciones agudas de personas, como consecuencia del uso de plaguicidas en plantaciones agrícolas.

Entre los principales plaguicidas causantes de las muertes, según el informe, destacan los bipiridilos, órgano fosforado, fosmaminas, carbamatos y piretroides.

Los estragos en la salud de las personas, causados por los agroquímicos, se manifiestan principalmente en insuficiencia renal, que en su inmensa mayoría termina causando la muerte de los campesinos. Sólo durante el año pasado, el ministerio de Salud atendió a 1,144 personas intoxicadas con agroquímicos.

El informe del Procurador de Derechos Humanos analiza la propuesta de reforma a la Ley de Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos de Uso Agropecuario que, entre otras cosas, prohibiría el uso de 53 ingredientes activos de plaguicidas. Igualmente, en el informe se examina –a la luz del enfoque de derechos humanos– el actual modelo de agricultura salvadoreña, el cual promueve prácticas basadas en el uso intensivo de agrotóxicos, no obstante que los mismos están asociados a diversos problemas de salud y ambientales, según investigaciones técnicas y científicas.

El Procurador concluyó que el modelo de agricultura actual, basado en el uso intensivo de agrotóxicos, ha generado transgresiones a los derechos humanos y la pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, pues las políticas agropecuarias que por décadas se han implementado no han tenido un enfoque prioritario en la sustentabilidad, la preservación de la biodiversidad, la dignificación de la persona humana, ni en el derecho a la autodeterminación.

Señaló que por el contrario, este modelo se ha volcado a una visión mercantilista que se suma negativamente a los grandes problemas actuales como los efectos del cambio climático, la demanda energética, la falta de acceso y la escasez y contaminación del agua, la sequía, los relacionados al hambre y desnutrición, y la pérdida de biodiversidad. Problemas que sufren con más profundidad las comunidades rurales del país, impidiendo su desarrollo integral y la superación de la pobreza.

Aunado a ello, se destaca que  comunidades enteras están sometidas a la contaminación de sus fuentes de agua, de los alimentos y la tierra por el uso indiscriminado de agrotóxicos, por lo que se vuelve imperioso transformar la lógica de la agricultura salvadoreña, tanto a nivel familiar y de subsistencia, como a gran escala.

La ministra de Salud, Violeta Menjívar urgió a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente a que reformen sin más retardación la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, para prohibir y sacar del mercado a 53 plaguicidas dañinos.

Debido al incremento de casos de personas con insuficiencia renal, la Asamblea Legislativa reformó la ley hace pocos años, lo cual permitió prohibir 42 de los 53 agroquímicos mencionados en el informe.

Pero 10 plaguicidas peligrosos aún están en el mercado porque los legisladores se negaron a incluirlos en la lista de productos prohibidos. La ministra Menjívar pidió nuevamente a los diputados reformar la ley para sacarlos del mercado.

Todo parece indicar que el debate sobre este tema continuará en el congreso, pues además de los diputados de la derecha que se oponen a prohibir los agroquímicos, cooperativas agrícolas y empresarios también rechazan la medida. “Si nos prohíben el uso de los productos… se atenta contra la producción de alimentos”, ha dicho la Federación de Cooperativas Agropecuarias.

El Procurador Morales emite en su informe una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades con competencia en la materia, bajo la premisa de que la apuesta como país debe enfocarse en repensar y sustituir las prácticas agrícolas que afectan los derechos humanos y el desarrollo de una vida digna de la población, especialmente –pero no de forma exclusiva– de las comunidades rurales agrícolas del país, y avanzar hacia aquellas prácticas que respondan y construyan un modelo de agricultura ecológica y basado en una política pública en materia agrícola que asegure los derechos humanos.

El informe se fundamenta en la protección de los derechos humanos y se espera sirva de aporte en el análisis que la Asamblea Legislativa y otras instituciones estatales realizan en relación a la temática del uso de agrotóxicos en El Salvador, con el fin de que adecuen las leyes y las políticas públicas sobre la materia a los estándares internacionales de derechos humanos.

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