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Sala Constitucional provocó retroceso en acceso a la información y transparencia, afirman más de 25 organizaciones

Organizaciones pertenecientes al Observatorio de la Alianza para el Gobierno Abierto (OAGA) realizaron un balance sobre el desempeño de los tres órganos de Estado en transparencia y acceso a la información pública, en el que destacan que, si bien ha habido avances en esos temas, las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional muestran un retroceso en esas materias.

Para el Observatorio de la Alianza para el Gobierno Abierto las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional en materia de acceso a la información son un retroceso al agregar nuevas causales para denegar solicitudes de información a las instituciones públicas, de ahí que señalan que los tres órganos del Estado deberían avanzar más en transparencia y promover esta práctica como una cultura con toda la población.

Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y miembro de OAGA, señaló que acciones como las resoluciones emitidas por la referida Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre acceso a la información van en contra del Estado abierto.

“Hay avances importantes en muchas instituciones, pero también hay retrocesos en otras. Es decir, que va en contra de un Estado abierto el que haya retroceso en instancias del Ejecutivo que habían avanzado; va en contra de un Estado abierto, la falta de transparencia en instituciones como la CSJ; va en contra de un Estado abierto, el que la Sala de lo Constitucional decrete criterios adicionales para denegar solicitudes de información pública”, indicó Herrera.

El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, lamentó que en este año los magistrados constitucionalistas introdujeran nuevas causales que limitan e impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información y aumentan la discrecionalidad, así como la arbitrariedad en los requerimientos de datos.

“El OAGA solicitó a la Sala de lo Constitucional que aclarara cuál era el alcance que tienen las nuevas causales y lo positivo que podemos rescatar de esta aclaración que dio la Sala es que, finalmente, y tal como nosotros ya lo habíamos señalado por ley, corresponde al Instituto de Acceso a la Información Publica tutelar el derecho de acceso a la información, por lo tanto, cualquier funcionario que deniegue información utilizando las nuevas causales será el Instituto el que determinará si la información debe o no entregarse”, indicó Villalta.

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