jueves 20 de julio de 2017
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Tribunal declara nulidad absoluta de supuestas pruebas de caso “troll center” contra periódicos

El juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla declaró la nulidad absoluta de la única prueba de cargo que presentó la Fiscalía General de República bajo la administración de Luis Martínez, en el caso “troll center”.

 

A raíz de esta resolución el caso de los “troll center” da un inesperado giro, a pesar de la presión mediática que han ejercido los dos principales matutinos, a quienes les fueron clonadas publicaciones.

 

De acuerdo a los procedimientos judiciales, la nulidad absoluta se produce cuando se omite algún requisito de ley. Por lo tanto, las pruebas presentadas hasta al momento por La Prensa Gráfica no son válidas. De la resolución se deduce que el proceso de obtención de pruebas está viciado.

 

Por ello, en la misma resolución, el juzgado ordena realizar de nuevo el peritaje de las supuestas pruebas presentadas por la FGR.

 

“Declárese la nulidad absoluta de la juramentación del perito”

 

Después que el exfiscal general, Luis Martínez, dirigiera la investigación en el caso denominado como “troll center”, una serie de irregularidades se ventilaron en sede judicial. Por ello, la jueza de Instrucción de Santa Tecla declaró la nulidad absoluta de las pruebas recabadas a través del único peritaje, sobre el cual se fundamentaron las notas periodísticas que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy emitió en torno al caso.

 

“Declárese la nulidad absoluta de la juramentación del perito Nelson Chacón Reyes, en consecuencia declárese nulo los actos conexos del mismo”, dice la resolución emitida por la juzgadora, frente a la única prueba que aportó el Ministerio Público.

 

Según explicaron las autoridades judiciales, dicha resolución judicial trae como consecuencia anular la obtención y resguardo de información electrónica que pretendía sustentar el caso en mención y levantar un nuevo peritaje informático para ser agregado al proceso.

 

Cabe destacar que la nulidad absoluta se da cuando existen elementos objetivos que vician la obtención de la prueba o cuando no se siguieron los requisitos que las leyes vigentes establecen para ello.

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