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Advierten sobre peligro de “desestabilización” en El Salvador tras fallo contra Ley de Amnistía

Distintos sectores de El Salvador reaccionaron sorprendidos o preocupados por los efectos que pudiera tener el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en las últimas horas declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y habilitó el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en este país, entre 1980 y 1992.

Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Defensa, general David Munguía Payés, quien calificó el fallo de la Sala Constitucional como un “error político”, pues recordó que “la Ley de Amnistía facilitó, de alguna manera, la reconciliación nacional”, tras el fin de la guerra civil.

“No quiero ni pensar que una derogatoria de la Ley pudiera venir a poner al país de cabeza y nos pudiera enfrentar nuevamente, y que se convierta esto en una cacería de brujas y desestabilizar el contexto político” de El Salvador, advirtió Munguía Payés.

Y añadió: “siempre he creído que la Ley de Amnistía sirvió mucho para fundamentar las bases de la construcción de una nueva sociedad, en paz y democrática. Una derogatoria de la Ley de Amnistía en su totalidad pudiera podría ser un error político”.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional este miércoles la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 1992, un mes después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en este país.

El fallo de la Sala habilita a la justicia a juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil por el ejército, los escuadrones de la muerte de la ultraderecha y por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político luego de firmada la paz y hoy en el gobierno por segundo período consecutivo.

Organismos defensores de los derechos humanos habían presentado la demanda contra la Ley de Amnistía hace varios años, para demandar justicia por numerosos casos de crímenes de guerra, atribuidos en su mayoría, el 95%, al ejército, funcionarios de gobierno, escuadrones de la muerte, pero en un 5% también a la antigua guerrilla.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, una excomandante guerrillera que participó durante toda la guerra civil, llamó a la calma al país y dijo que “esas heridas hay que sanarlas, no se trata de despertar más odio”.

“Hay que leer con calma, a sabiendas que a veces (los magistrados) declaran cosas incongruentes”, expresó la ahora parlamentaria del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Por su parte, Jorge Velado, el presidente del principal partido de oposición ARENA, dijo que “esperaría leer la resolución completa para conocer sus alcances”, mientras que el diputado Rodrigo Ávila, del mismo instituto político, consideró que el fallo de la Sala Constitucional “podría ser muy grave para el país”.

“Recordemos que inclusive altos funcionarios de este gobierno fueron beneficiados por la Ley de Amnistía”, recordó el diputado Ávila.

Benjamín Cuellar, ex director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), tiene otra óptica del fallo de la Sala Constitucional y dijo que la derogatoria de la Ley de Amnistía “es oportunidad para construir un país normal” y se haga justicia a las víctimas de los crímenes cometidos por bandos enfrentados durante la pasada guerra civil.

La resolución de la Sala Constitucional señala que debe juzgarse a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de guerra, muchos de los cuales fueron investigados por la Comisión de la Verdad que se creó tras el fin de la guerra bajo el auspicio de Naciones Unidas.

En su resolución, que debió esperar varios años de estudio en el tribunal supremo, los magistrados afirman que “no pueden ser objeto de amnistía o indulto, dejando en la impunidad, semejantes crímenes, los cuales están sujetos en toda circunstancia a la persecución, extradición, juzgamiento y sanción penal de los responsables”.

El fallo señala que la Sala de lo Constitucional basó su resolución en que los crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, no prescriben, por lo que no pueden existir normativas internas que impidan investigarlos.

A partir del fallo de este miércoles de la Sala Constitucional, la justicia salvadoreña queda habilitada para juzgar casos emblemáticos como el asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, las masacres de El Mozote y El Sumpul, donde fueron asesinados más de mil campesinos por el ejército, la muerte de seis sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras, a manos de un comando del ejército.

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