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Expresidente del BMI y el exdirector de INFOCENTROS serán procesado en libertad condicional

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó este lunes que se procese por los presuntos delitos de peculado y negociaciones ilícitas al ex presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci y al ex director ejecutivo de INFOCENTROS, Sigfredo Figueroa, aunque decretó su libertad condicional.

Los dos ex funcionarios de los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca son acusados por la Fiscalía General de la República de haber administrado de manera irregular $6 millones con 193 mil dólares, desembolsados del BMI para proyectos de INFOCENTROS que nunca se realizaron.

Angelucci y Figueroa fueron capturados la semana pasada por la policía, con orden administrativa de la Fiscalía. En la audiencia inicial celebrada este lunes, el tribunal Cuarto de Paz resolvió que ambos serán procesados por peculado y negociaciones ilícitas, pero podrán recuperar su libertad con el pago de una fianza.

Según la resolución judicial, Angelucci deberá pagar una fianza de $100 mil dólares y Figueroa una de $20 mil para recurar su libertad. El delito de peculado consiste en la apropiación de dinero del Estado y negociaciones ilícitas consiste en este caso a manejos al margen de la ley.

La Fiscalía dijo haber comprobado, a través de una verificación en el terreno, que proyectos que supuestamente habían sido ejecutados por INFOCENTROS en varios municipios del país, nunca se realizaron pese a que el dinero presupuestado sí fue desembolsado.

Indica la investigación que mensualmente el BMI, dirigido por Angelucci, hizo desembolsos por $75,000 a INFOCENTROS durante varios años, pero al parecer el dinero no fue utilizado para los fines que se suponía que eran.

“Según la investigación, quien ayudaba a Angelucci con las firmas para cobrar el dinero para financiar los proyectos era Figueroa”, dijo a la prensa en el fiscal asignado al caso.

El caso INFOCENTROS es uno de los 152 investigados, documentados y denunciados por la anterior Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, de presuntos casos de corrupción de los gobiernos de ARENA.

Organizaciones sociales y funcionarios del actual gobierno han pedido reiteradamente a la Fiscalía que investigue el resto de casos denunciados, de los cuales el Ministerio Público tiene abundante información y pruebas.

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