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Familiares de víctimas y sobrevivientes solicitan reabrir penalmente caso de masacre de El Mozote

La oficina de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, solicitaron la reapertura de la investigación penal por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en diciembre de 1,981.

Es el primer caso apelado por las víctimas luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló, el pasado 13 de julio, la amnistía aplicada a los 32 casos investigados e incluidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, creada por Naciones Unidas tras el fin de la guerra civil en El Salvador, en 1992.

Junto a los abogados de Tutela Legal y CEJIL se presentaron familiares y sobrevivientes de las víctimas de la masacre de El Mozote, perpetrada por tropas combinadas del ejército dirigidas por el coronel Domingo Monterrosa, ya fallecido.

Hasta el momento han sido documentados con nombre y apellido la identidad de más de 900 personas asesinadas en esa masacre, el mayor genocidio registrado en la historia de América Latina.

La petición se realizó ante el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, quien delegó a su secretario para recibir la petición y se excusó de no poder atender personalmente la diligencia, por tener que hacer otras gestiones en el penal de Gotera.

“Dentro del proceso penal ya se cuenta con suficientes elementos de convicción para establecer razonablemente la existencia de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y, con ello, para el procesamiento de los autores materiales e intelectuales, coautores y cómplices de lo ocurrido con la masacre de El Mozote”, señaló Ovidio Mauricio en representación de Tutela Legal.

Una vez entregada la solicitud, se pidió a las autoridades judiciales ordenar la inmediata realización de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de este hecho.

Wilfredo Medrano, otro de los abogados de Tutela Legal señaló que “en el presente caso la prescripción ha sido abolida, las cosas que se suspendieron con la vigencia de la Ley de Amnistía vuelven a su estado natural y la declaratoria de inconstitucionalidad es una señal de esperanza para las víctimas, para los que ya no están y murieron sin tener justicia y exigir sanción penal en contra de los responsables de este hecho”.
Señalaron además que tienen conocimiento de algunas personas que cometieron el crimen y están vivas y que por lo tanto pueden perseguirse penalmente.

En el documento presentado ante el juez se pide realizar una investigación “de forma seria, diligente, exhaustiva y en un plazo razonable” tal como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sentencia por el caso emitida en el 2012.

Este caso es el primero sobre el que se solicita la reapertura después de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en El Salvador.

José Gervasio Díaz de 57 años, único sobreviviente de 12 personas que eran en su familia, afirma que “fue muy duro pasar esos momentos y todavía hoy que después de 35 años algunas personas y medios de comunicación siguen diciendo que las heridas ya fueron cerradas y que no hay que reabrirlas. Para mí como doliente nunca se han cerrado las heridas y yo les pregunto a estas personas (a los que cometieron la masacre) que si hubiera sido un hijo de ellos o un familiar, no pedirían justicia (…) así que yo quiero la justicia completa tal y como es la ley en este país con todos”.

La masacre se realizó durante tres días, del 10 al 12 de diciembre de 1981. “Tenemos 35 años de lucha incansable y esperamos que de una vez por todas las autoridades cumplan con su trabajo y se nos permita conocer la verdad de lo ocurrido y obtener justicia ante las atrocidades que sufrimos”, expresó Dorila Márquez, presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.

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