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Fiscalía y jueces enfrentados por señalamientos sobre sistema de justicia

La Fiscalía denunció esta semana que procesos judiciales en contra de jueces, empleados judiciales, abogados y miembros de la pandilla 18 los están tratando de obstaculizar personal de la Corte y magistrados de ese órgano de Estado.

En una inmediata respuesta, cinco asociaciones de jueces rechazaron cualquier acto de injerencia en su trabajo e instaron al Ministerio Público a no generalizar en sus acusaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) y diversas asociaciones de jueces y magistrados del país están enfrentados por los señalamientos y las acusaciones por los presuntos actos de corrupción en el Órgano de Justicia.

Incluso, el Fiscal General Douglas Meléndez, acusó al órgano judicial de tener “clicas” en su interior, como si se tratara de pandillas. Ese señalamiento, calificado por algunos observadores como “afirmaciones desafortunadas o declaraciones ligeras del fiscal”, fueron rechazadas por el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda, quien demandó respeto a la independencia de dicha institución.

La FGR denunció que magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han ejercido presión para que no se procesen a empleados judiciales, abogados, jueces y miembros de la pandilla 18 por diversos delitos y que están involucrados en un caso conocido como “Conexión”.

Los directores de la Unidad de Oriente y de Áreas Especializadas de la FGR, Germán Arriaza y Allan Hernández, respectivamente, afirmaron que los funcionarios de la CSJ impiden que se procesen a 121 personas relacionadas al narcotráfico.

“Nuestras fuentes son fidedignas. Las presiones pueden conllevar una investigación”, aseguró el fiscal Hernández.

“Han ocurrido una serie de eventualidades que a nosotros como Fiscalía nos llama poderosamente la atención por la calidad de sujetos que se están procesando… es importante hacer notar que una de las personas que se encontraba procesada y ha sido declarada rebelde, es un yerno de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Otro de los procesados es un colaborador de la Sala de lo Constitucional”, agregó Arriaza.
Los fiscales dijeron también que un magistrado solicitó la suspensión del proceso, mientras que otro pidió que no se realizara el juicio; además, afirmaron, tener información de que los funcionarios de la CSJ se reunieron recientemente con la intención de remover al juez que conoce la causa.

El caso “Conexión” data del año 2013, cuando iniciaron las investigaciones que ayudaron a las capturas de los imputados en 2014 en el oriente del país.

Según Hernández y Arriaza, en todo ese proceso a los implicados los alertó una empleada del Órgano Judicial, a quien los criminales le ofrecieron dinero a cambio de revelar los nombres de las personas que tenían las órdenes de capturas, así como la identidad del testigo utilizado por la Fiscalía.

De hecho, el proceso actualmente se desarrolla y el juicio inició el pasado 30 de mayo en el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador contra los 127 imputados, entre ellos, tres ex jueces Especializados, abogados, policías, empleados judiciales, narcotraficantes y pandilleros, a quienes se les acusa de cohecho, 37 homicidios, un feminicidio, seis casos de extorsión, tráfico de drogas, simulación de influencias y fraude procesal.

Hasta este momento se ha presentado el 75% de la prueba, entre ellas, escuchas telefónicas, que iniciaron en el dos mil trece y concluyeron en el dos mil catorce. También evidencia documental, testimonial y pericial.

Reacción de asociaciones de jueces y magistrados
Cinco asociaciones de magistrados, jueces y abogados del país publicaron un pronunciamiento público donde rechazan cualquier acto de injerencia en su labor e instaron al Ministerio Público a no generalizar que la corrupción se da en todo el sistema de justicia y en su gremio.

“La libertad de expresión es un pilar fundamental que tiene sus límites en el respeto a la dignidad de la persona, por lo que no puede instrumentalizarse para amparar la descalificación personal ni la deslegitimación de los jueces y magistrados titulares del poder judicial”, afirmaron las asociaciones.

Añadieron que ese tipo de expresiones son apreciaciones sin fundamento, que se hacen para confundir a la población, “creando un estado de alarma y desconfianza social hacia el sistema judicial salvadoreño en general”.

Las instituciones que firman el pronunciamiento son la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador; la Asociación de Jueces de Paz de El Salvador; la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador; la Asociación de Jueces de Chalatenango y El Salvador; y la Asociación de Jueces por la Democratización de la Justicia en El Salvador.

pronunciamiento

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