lunes 21 de agosto de 2017
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FMI insiste en aumento del IVA, pero el gobierno salvadoreño prefiere otras medidas

Tal como lo hizo durante el gobierno anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a sugerir la semana anterior a El Salvador que aumente el IVA y otras medidas de ajuste, pero la actual administración la rechaza por considerarla lesiva para la mayoría de la población.

Un equipo técnico del FMI concluyó el pasado viernes una visita de dos semanas al país, para realizar un diagnóstico de la economía local. En su informe, señaló conclusiones similares a las de misiones anteriores.

Durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, el FMI recomendó el aumento del IVA en un 3% y la eliminación de algunos subsidios. Funes sin embargo se negó a aplicar dichas medidas. Por el contrario, implementó otras medidas con el propósito de reducir la evasión fiscal y la elusión. De hecho, algunas de ellas contribuyeron a incrementar la recaudación.

Funes hizo todo lo contrario a las recomendaciones. Mientras el FMI y algunos economistas conservadores, además del partido opositor ARENA, plantearon la necesidad de eliminar subsidios y reducir las plazas en el gobierno, amplió algunos subsidios e implementó una docena de paquetes sociales, como la entrega de uniformes y calzado gratis en las escuelas, para llevar beneficios a los sectores más desfavorecidos.

Además de los programas sociales, focalizados en su mayoría en los municipios más pobres del país, el gobierno del expresidente Funes contrató cerca de 20,000 nuevas plazas en el gobierno, entre maestros, médicos y personal médico, así como nuevos agentes de la Policía Nacional Civil.

Todas esas medidas han sido duramente cuestionadas por la oposición política de derecha, cuyas posturas son similares a las de algunos organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial.

Algunos estudios estiman que de aumentar el IVA en 3%, el gobierno podría recaudar unos 400 millones de dólares anuales más y resolver en cierta medida los problemas de caja. Pero el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén descarta el aumento del IVA. Sabe que esa sería una medida antipopular, que además de costos políticos para su administración, afectaría la economía de los pobres y de la clase media, principalmente.

Además de mantener los subsidios y los programas sociales creados por el gobierno de Funes, y rechazar el aumento del IVA, la administración de Sánchez Cerén ha reiterado su decisión de garantizar los escalafones a los maestros, empleados de la salud y de otras instituciones del Estado, y ha rechazado las presiones para reducir el número de puestos de trabajo en el gobierno.

La misión del FMI que concluyó el pasado seis de mayo, identificó como principales problemas que afectan el crecimiento de la economía del país, la polarización política, los altos índices de violencia, el endeudamiento, la incertidumbre fiscal, la emigración, entre otros.

El organismo reconoce, sin embargo, que situación similar a la de El Salvador están viviendo la mayoría de países centroamericanos. Además, señala que el bajo crecimiento de la economía salvadoreña es un problema estructural persistente desde el año 2000, que han debido afrontar los últimos cuatro gobiernos, desde la administración de Francisco Flores hasta la de Sánchez Cerén.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido un promedio de 2 por ciento en 15 años, por debajo del promedio de la región de Centroamérica de 4.5 por ciento, detalla el FMI. Agrega que si bien las causas subyacentes del bajo crecimiento son complejas, son varios los motivos que explican este desempeño, entre los que sobresalen la situación de inseguridad provocada por las pandillas, la alta polarización política y la baja inversión privada y gubernamental.

La baja inversión ha promediado 15.5 por ciento del PIB desde el año 2000, señala el FMI, por causas también como la alta exposición a los desastres naturales, la migración, los altos costos de logística, incertidumbre fiscal, barreras a la entrada y expansión de negocios y el capital humano limitado.

De aprobarse una reforma al sistema de pensiones, el gobierno salvadoreño podrá mejorar sus finanzas, ya que tendrá una salida al endeudamiento heredado de la privatización de las pensiones en 1998, por el gobierno de Armando Calderón Sol.

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