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Juzgado ordena a Fiscalía reabrir el caso jesuita

El Juez Tercero de Paz resolvió este martes anular el requerimiento fiscal presentado en el año 2,000 en contra de los militares que fueron sobreseídos en diciembre de ese año, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir el caso.

Los seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, junto a dos mujeres, fueron asesinados por un comando especial del ejército la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el interior de la Universidad Centroamericana.

La defensa de los militares presentó el pasado tres de abril un escrito en el que pidió al juez la excepción de falta de acción, porque a su criterio el caso no había iniciado legalmente.

El abogado Lisandro Quintanilla explicó que, en la resolución de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, los magistrados establecieron que todos los casos de conflicto armado que tengan la tipología de lesa humanidad deben ser sometidos a una ley especial de carácter transitorio de justicia transicional y hasta que la Asamblea Legislativa no lo haga, a criterio de él, “ningún juez debe estar haciendo este procesamiento ni reabriendo ningún caso”.

La segunda excepción planteada es que el 12 de diciembre del año 2000, los militares acusados en este caso fueron procesados y sobreseídos definitivamente.

Sin embargo, el juez negó lo pedido por la defensa y además anuló la audiencia inicial en contra de los militares Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Óscar Mariano Amaya, Ángel Pérez Vásquez, José Alberto Sierra, Joaquín Arnoldo Cerna, Héctor Ulises Cuenca y Óscar Alberto León Linares que se celebró en el año 2,000.

El juez resolvió los siguientes puntos: Admitir los escritos  presentados el 11 de abril de este año, Declárese sin lugar la excepción de cosa juzgada propuesta por defensores, Declare nulo el requerimiento fiscal presentado por la fiscalía del 7 de diciembre del 2000, en el juzgado tercero de paz de San Salvador, Declarar nulo la audiencia inicial celebrada el 12 de diciembre del 2000 donde se otorgó sobreseimiento definitivo a los militares y Ordenar la reposición de las actuaciones declarada nula y la fiscalía deberá elaborar un nuevo requerimiento fiscal.

La Audiencia Nacional Española pidió la extradición de más de una decena de militares, entre soldados y altos jefes militares de la época, acusados de la autoría intelectual y material de la masacre. Uno de ellos, el coronel Inocente Orlando Montado fue extraditado de Estados Unidos a España y se encuentra detenido mientras se desarrolla el proceso legal.

En El Salvador la UCA ha expresado su decisión de perdonar a los responsables del crimen de los sacerdotes jesuitas, pero antes demandaron que se conozca la verdad sobre los verdaderos responsables del crimen.

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