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La verdad sobre Oceana Gold y la “minería responsable”: Andrés Mckinley

Un artículo de opinión de Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (UCA).

Oceana Gold, empresa minera de capital Australiana y Canadiense, promueve en El Salvador, desde el año 2013, una campaña agresiva para ganar mentes y corazones a favor de la minería metálica.  En este esfuerzo, utiliza términos como la “minería responsable” y la “minería moderna”, igual  como su antecesor, Pacific Rim, utilizaba el término, “minería verde”, para convencer a la opinión pública y a los tomadores de decisión que hay algo nuevo en la tecnología minera capaz de evitar los enormes daños que ha generado esta industria alrededor del mundo desde hace siglos.

Se refiere a sí mismo como “empresa responsable” y habla con mucho orgullo de sus operaciones en lugares como Las Filipinas, planteando su proyecto minero en ese país como modelo  de la “minería responsable”. ¿Pero, cuál es la verdad sobre esta empresa y su mito de la “minería responsable”?  ¿Qué nos enseña la práctica de esta empresa en  El Salvador y en Las Filipinas sobre su ética y su grado de responsabilidad como empresa?

La historia empieza en el año 2004 cuando la empresa minera, Pacific Rim, de capital canadiense, solicita su licencia para explotar oro y plata en el municipio de San Isidro, Cabañas. No tenía ninguna mina operando en el mundo, ni capital suficiente para abrirla en El Salvador. Su apuesta era comprobar la existencia de oro y plata, lograr una concesión para la explotación y venderse a una empresa más grande y más fuerte a un precio atractivo.

Su primer esfuerzo para lograr una licencia para la explotación minera no tuvo éxito porque la empresa no cumplió con los requisitos planteados en la ley de minería de El Salvador. No presentó un estudio adecuado de impacto ambiental; no presentó un estudio de factibilidad técnica y no presentó prueba de ser dueño o tener el permiso de los dueños de la tierra donde se pretendía explotar minerales. En lugar de cumplir con la ley, Pacific Rim argumentaba que su permiso de exploración de minerales, aprobado en el año 2002 durante la administración del ex-presidente, Francisco Flores, automáticamente  garantizaba el derecho a la explotación – planteamiento totalmente falso.

Cuando esta táctica fracasó, la empresa optó por elaborar y presentar a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta de ley de minería, con la intención de abrir al país, sin restricciones, a la minería metálica. Este esfuerzo tampoco prosperó y Pacific Rim llevó su batalla a las comunidades pobres de Cabañas, intentando ganar mentes y corazones entre la población con promesas de empleo y de un “boom” económico a nivel local.

A la vez, motivaba y movilizaba a sus empleados y a la poca gente de Cabañas que creía su propaganda  para atacar a los focos de oposición a la minería en el país. Cada domingo, empleados de Pacific Rim se concentraban frente la Catedral Nacional con pancartas acusando de “mentiroso” al Arzobispo, Fernando Saenz La Calle, quien, junto con la Conferencia Episcopal, se había pronunciado contra la minería en un comunicado titulado “Cuidemos la Casa de Todos”.  También, protestaron frente las oficinas en San Salvador de la organización internacional, Oxfam América, por sus programas en defensa del derecho de las comunidades amenazadas a saber y decidir sobre la minería. Marcharon a las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, otro oponente fuerte a la minería metálica y se concentraron frente al Ministerio de Economía, este último por no haber aprobado su licencia de explotación.

En el año 2006, Pacific Rim lanzó su campaña multimillonaria de “minería verde”, burlándose de la conciencia, cada vez mejor informada, de la ciudadanía salvadoreña.  La campaña generaba dudas y desconfianza entre la población tanto por lo que no decía como por lo que decía. Trató de  invisibilizar la enorme destrucción ambiental (especialmente del recurso hídrico) generada por proyectos mineros alrededor del mundo.  Ignoró las enormes preocupaciones de instituciones reguladoras importantes, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), quien identificó a la industria minera como la principal fuente de contaminación y destrucción del medio ambiente de ese país.  Negaba la contaminación con desechos tóxicos y metales pesados de los ríos más importantes en países como Indonesia, Perú, Estados Unidos, Canadá, Chile, Gana, Liberia, Sur África, Ukrania, España, Grecia, Alemania y el mismo El Salvador. Además, ignoraba el impacto en el agua en países vecinos, como Honduras, donde el proyecto minero, San Martin en Valle de Siria, había secado acuíferos y 19 de los 23 ríos originales de la zona,  generado un índice de mortalidad infantil 12 veces mayor que el promedio nacional y una plaga de enfermedades de la piel, de los ojos y de los riñones que no está resuelta hasta la fecha.

Un sondeo de la UCA en el año 2007 mostró que la campaña “minería verde” no tuvo eco entre la población en general a nivel nacional.  En esa misma encuesta, 62:5% de la población opinó que El Salvador no era un país adecuado para la minería metálica. En el departamento de Cabañas, sin embargo, la campaña de Pacific Rim logró generar divisiones entre familias y comunidades enteras, algunos a favor de los beneficios inmediatos prometidos por la empresa y otros con una visión de más largo plazo, defendiendo al medio ambiente, especialmente al agua, como elemento esencial para el desarrollo sostenible y para la vida misma.

En esta zona, todavía recuperando de las heridas de doce años de guerra civil, el tema de la minería fue como gasolina en el fuego, amenazando de nuevo a la paz y al tejido social de las comunidades y generando niveles de conflicto que resultaron en la muerte, en 2009, de cuatro activistas anti mineras. Una de ellas fue Dora Alicia Sorto, mujer con 8 meses de embarazo quien se murió en una emboscada junto con su bebe a punto de nacer.  Un niño que cargaba en sus brazos resultó gravemente herido.

En ese mismo año, el presidente Antonio Saca anunció que su gobierno no aprobará ningún permiso o licencia minera en el país durante su administración y Pacific Rim optó por demandar al Estado salvadoreño en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en Washington, D.C.. En medio de esta demanda, en el año 2013, Pacific Rim, sin fondos y sin esperanza de poder avanzar su caso legal contra el país, se vende a la empresa Australiana, Oceana Gold, quien decide seguir con la demanda y con las demás tácticas de su antecesor para lograr su concesión de explotación minera.

El caso de CIADI duró siete años y costó al Estado de El Salvador casi $13 millones, fondos que hubieran sido mejor invertidos en salud, educación, seguridad pública, producción de alimentos, programas de alfabetización, programas para la mujer, programas para la juventud y otras necesidades urgentes para el desarrollo del país.

En Octubre de 2016, CIADI anunció su laudo a favor de El Salvador y ordenó a Oceana Gold a pagar inmediatamente parte de los costos legales de nuestro país en el monto de $8 millones.  Sin embargo, hasta la fecha, la empresa niega a respetar el fallo del tribunal. No quiere pagar los $8millones.  No quiere desistir en su intención de explotar minerales en El Salvador.  Continua con sus esfuerzos de ganar mentes y corazones entre la población de Cabañas a través de su fundación filantrópica (no de desarrollo), El Dorado, y busca negociar con altos oficiales del gobierno actual su licencia de explotación minera.

Los problemas con esta empresa no se limitan a El Salvador. En las Filipinas, donde Oceana Gold ha venido operando una mina de oro y cobre desde el año 2000 en la provincia de Nueva Vizcaya (planteado por la empresa como “showcase” de la minería responsable), la empresa fue acusada por pobladores del cantón de Dipidio de haber aplastado con bulldozer y quemado 187 viviendas en un desalojo forzoso de la población indígena de la zona.  En 2011, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos solicitó la cancelación del permiso de operar de Oceana Gold por estas mismas violaciones, pero el gobierno de turno rechazó la petición.  En 2012, dos activistas anti-mineras fueron asesinadas en Dipidio por desconocidos bajo circunstancias muy similares a los de Cabañas en El Salvador.  Finalmente, en Febrero de este año, el nuevo gobierno de las Filipinas suspendió el permiso de operar de Oceana Gold por tanta destrucción ambiental y por violaciones graves de los derechos humanos. El gobierno local actualmente lucha para declarar su provincia zona libre de minería metálica.

En un informe de las Naciones Unidas del año 2010, El Salvador fue declarado el país más vulnerable en al mundo frente al cambio climático y los desastres naturales por su alto grado de deterioro ambiental. También ha sido clasificado por la FAO como el país más deforestado en las Américas, después de Haití. Lo que es más preocupante todavía es que, según el informe de la PDDH de 2016 sobre agua, informes de CEPAL, del Tribunal Latinoamericano de Agua y de la Alianza Mundial por el Agua (GWP por sus siglas en inglés), El Salvador está considerado como el país de menor disponibilidad de agua per cápita en Centro América con una clara tendencia hacia una situación de estrés hídrico en que no habrá suficiente agua para sostener la vida humana.

Frente a esta situación de vulnerabilidad extrema, la minería metálica vuelve una amenaza grave para El Salvador, especialmente para nuestros escasos recursos hídricos. Las minas de Centro América usan entre 1 y 6 millones de litros de agua por día y contaminan las aguas superficiales y subterráneas con cianuro, metales pesados, ácido sulfúrico, y desechos tóxicos.

Un nuevo sondeo de la UCA, en 2015, mostró un incremento significativo en la conciencia de la ciudadanía sobre esta problemática y señaló el rechazo a la minería metálica entre casi 80% de la población encuestada.  En el mismo sondeo, 77% de la población encuestada exigió medidas inmediatas para la prohibición definitiva de esta industria.

La ética y la responsabilidad de cualquier empresa minera empiezan con el cumplimiento de dos principios fundamentales:

 

  • El respeto al derecho de las poblaciones afectadas por la minería al consentimiento previo, libre e informado, y
  • La aplicación de los principios de precaución y prevención, evitando la explotación de minerales metálicos en lugares de mayor vulnerabilidad ambiental en nuestro planeta.

 

Tomando en cuenta estos dos principios, Oceana Gold, si quiere ser “responsable”, debe dejar su campaña de desinformación frente a comunidades humildes; debe reconocer los enormes costos y amenazas que esta industria implica para El Salvador; debe escuchar la voz de la ciudadanía de nuestro país que ha dicho, de manera contundente y persistente, “NO” a la minería metálica; debe acatar el fallo de CIADI en el juicio que ellos mismo iniciaron, pagando los $8 millones que deben a El Salvador y deben empacar sus maletas y salir de nuestro país.  Eso llamaríamos “minería responsable”.

 

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