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Las “inusitadas” protestas ciudadanas en Nicaragua ya dejaron 10 muertos en tres días

Por tercer día consecutivo, Managua y otras ciudades de Nicaragua acogieron protestas ciudadanas contra la reforma del seguro social aprobada el miércoles. Clases suspendidas en todas las escuelas públicas, restos de barricadas, neumáticos quemados en las calles y un amplio despliegue policial en algunas ciudades prácticamente sitiadas.

Las cada vez más numerosas movilizaciones y enfrentamientos con la policía dejaron un saldo de al menos 10 muertos, según informó la vicepresidenta Rosario Murillo.

Organismos nacionales e internacionales criticaron la dureza de la policía al reprimir las protestas.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU llamó a las autoridades nicaragüenses a actuar para “evitar nuevos ataques contra los manifestantes” y garantizar su derecho a la libertad de expresión. Asimismo, consideró “preocupante que varios canales de televisión que estaban cubriendo las protestas hayan sido cerrados por el gobierno”.

El paquete de controvertidas reformas fue anunciado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) el pasado lunes. Entre ellas, se establece que a partir del 1 de julio los trabajadores tendrán que aportar al INSS un pago del 7%, en lugar del 6,25% actual.

También las empresas y empleadores tendrán que incrementar su cuota de aporte a partir de esa fecha, pasando del 19 al 21%. El aumento continuará de manera gradual hasta llegar al 22,5% en 2020.

Pero una de las medidas que causó mayor polémica es la que afecta a los jubilados, que tendrán que aportar un 5% de su pensión en concepto de cobertura de enfermedades.

En Nicaragua hay más de 200.000 pensionistas, que en su mayoría reciben pensiones de entre US$300 y US$500. El gobierno asegura que las reformas “son necesarias” para salvar al INSS de la quiebra.

El miércoles, solo dos días después del anuncio del INSS, el presidente Daniel Ortega oficializó las reformas de manera unilateral a través de un decreto publicado en el diario oficial del Estado.

Desde ese momento, las protestas ciudadanas tomaron las calles de Managua y otras ciudades, protagonizadas especialmente por estudiantes y personas mayores que consideran que el gobierno “les está robando” lo ganado durante décadas de trabajo.

Expertos consideran que el hecho de que la reforma fuera aprobada por decreto presidencial de manera unilateral viola la Constitución y otras leyes vigentes en el país. La Carta Magna establece que corresponde al Congreso la potestad de crear, modificar o suprimir tributos.

“El establecimiento del aporte del 5% sobre las pensiones constituye la creación de un nuevo tributo bajo la categoría de contribución especial. Y esto solamente lo puede hacer la Asamblea Nacional”, explicó el especialista tributario Julio Francisco Báez Cortés al diario La Prensa de Nicaragua.

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