martes 27 de junio de 2017
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Magistrado Belarmino Jaime advierte que resolución contra Ley de Amnistía podría “provocar desórdenes”

El magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, quien se abstuvo de votar contra la Ley de Amnistía, advirtió hoy que el fallo emitido por sus colegas “podría provocar desórdenes”.

Jaime, junto a Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González han proyectado la imagen de un equipo de jueces unido y sólido, al punto que se les ha llamado “los cuatro magníficos”.

Sin embargo, el pasado miércoles no acompañó con su voto la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional, la cual dejó sin efecto la Ley de Amnistía aprobada por el congreso en 1992, un mes después de firmados los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en esta nación centroamericana.

Según el magistrado Jaime, sus colegas “se excedieron” al emitir esa resolución. “La Sala de lo Constitucional no puede desnaturalizar el proceso de inconstitucionalidad, exceder su propia competencia, ni desconocer y ordenar que se inoberven garantías constitucionales previstas para todo proceso jurisdiccional”, dicen en su razonamiento de 30 páginas.

Jaime advierte que la resolución, como fue emitida, puede “provocar desórdenes” por eventuales procesos penales que se abran contra los presuntos autores materiales o intelectuales de crímenes cometidos durante la guerra civil.

“Ciudadanos todavía indignados por lo que pasó durante el conflicto armado, pueden incoar procesos penales en contra de las más altas autoridades del Órgano Ejecutivo, desde la Presidencia, la Vicepresidencia, ministros y hasta en la Asamblea Legislativa”. Advierto el magistrado Jaime.

El jurista hace esa referencia porque el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente Óscar Ortiz, varios ministros y diputados del FMLN en la Asamblea Legislativa, fueron jefes guerrilleros a quienes parientes de víctimas del conflicto podrían demandar y procesar judicialmente, sin la protección de la Ley de Amnistía.

En términos similares se expresaron dos diputados del opositor partido ARENA. Rodrigo Ávila dijo que “a mí me ha sorprendido la sentencia, podríamos quedarnos sin gobierno, sin presidente, sin un buen número de diputados”.

Otro diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, dijo en los mismos términos: “Esperemos no nos vayamos a quedar sin presidente y sin Gabinete. La sentencia abre posibilidades de que sean enjuiciados”.

El ex dirigente guerrillero, Salvador Samayoa, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, al igual que el presidente Sánchez Cerén, dijo a la prensa que la sentencia contra la Ley de Amnistía “está equivocada”, porque aseguró que “El Salvador ha dejado atrás la guerra, ha pasado página”.

Otro excomandante guerrillero, Juan Ramón Medrano, calificó esta mañana de “totalmente irresponsable” la sentencia, al señalar las implicaciones que pudiera tener si los parientes de las víctimas de miles de asesinatos deciden abrir procesos judiciales contra los presuntos autores materiales e intelectuales de crímenes de la guerra civil.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional el pasado miércoles la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1992, un mes después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en este país.

Fue en una sesión plenaria, convocada de carácter extraordinaria para el día sábado 20 de marzo, cinco días después que la Comisión de la Verdad, creada por Naciones Unidas por mandato de los Acuerdos de Paz, hiciera público su informe sobre horrendos crímenes cometidos por los bandos en conflicto en la pasada guerra civil.

El fallo señala que la Sala de lo Constitucional basó su resolución en que los crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, no prescriben, por lo que no pueden existir normativas internas que impidan investigarlos.

A partir del fallo de la Sala Constitucional, la justicia salvadoreña queda habilitada para juzgar casos emblemáticos como el asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980; las masacres de El Mozote y El Sumpul, donde fueron asesinados más de mil campesinos por el ejército; la muerte de seis sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras, a manos de un comando del ejército, así como otros crímenes atribuidos a la guerrilla.

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