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Partidos de derecha piden reformar Constitución para eliminar límite de posesión de tierras en El Salvador

En la segunda mitad del siglo XIX, pero principalmente en los años de 1,880, cuando se dio la masiva escrituración de tierras ejidales (comunes) en El Salvador, unas pocas familias pasaron a ser propietarias de grandes extensiones de tierras y expulsaron de ellas o convirtieron en colonos a sus legítimos dueños, un estatus que adquirió tintes de esclavitud en algunas fincas y haciendas de los nuevos propietarios.

La finca El Espino, una extensión de 2,00 manzanas de tierra clase A, fértil, sin piedra, húmeda y cerca al caso urbano, ubicada al sur-poniente de San Salvador donde hoy elevan edificios de apartamentos, casas y centros comerciales de lujo, fue escriturada por esos años por la familia Dueñas.

Gracias a la promoción del cultivo del café, el gobierno impulsó una agresiva escrituración de tierras ejidales, despojó de su suelo a miles de campesinos y los envió a los famosos “chorizos”, esas comunidades marginales en habitan en pequeñas casas de lámina y cartón en forma de largas columnas o vagones de tren a un lado de las calles púbicas, como ocurre en las faldas del volcán de San Salvador y muchos sitios del país.

Así, la Familia Dueñas llegó a ser propietaria de 32,520 manzanas de tierra, los Guirola 28,402, los Sol 15,830, los Daglio 11,411 y otro pequeño grupo de familias como los Álvarez, Samayoa, Borgonovo, Salaverría, Gianmattei, Cristiani acumularon también de amplias extensiones de tierra. Así nacieron las llamadas 14 familias, que llegaron a ser dueñas de casi todo el suelo salvadoreño. Una sola familia de ellas llegó a acumular de 10 y hasta 15 haciendas y fincas, a controlar el cultivo del café, primero, y luego el beneficiado y exportación del llamado “grano de oro”.

Fue esa acumulación desmedida de la propiedad sobre la tierra la que creó las condiciones de repetidos hechos de violencia, represiones contra miles de campesinos como en 1932 y años más tarde, en 1980, se convirtió en una de las principales causas de la guerra civil que costó a El Salvador más de 75,000 muertos, ocho mil desparecidos, 250,000 desplazados internos y miles de refugiados en países de Centroamérica y Estados Unidos, principalmente.

En marzo de 1980, en un intento por detener el estallido de la guerra civil, el gobierno transitorio de entonces, liderado por el presidente Napoleón Duarte y apoyado por la administración de Estados Unidos, impulsaron una reforma agraria que buscaba devolver la tierra a sus dueños originales, los campesinos, y estableció límites en la Constitución de 1983, para superar una de las principales causas de la guerra civil.

De manera sorpresiva, el 4, 5 y 6 de marzo de 1980, el ejército tomó control de cientos de haciendas y fincas, para entregárselas a los colones, quienes a partir de entonces pasaron a llamarse cooperativistas. Simultáneamente se creó FINATA y puso límite a la cantidad de tierra que debía poseer una sola persona: 245 hectáreas.

Pero la reforma fue tardía, ya la guerra civil estaba incubada y los nuevos propietarios de las tierras, no tenían el dinero para trabajarlas. En un intento por sabotear la reforma agraria, la derecha parlamentaria impidió créditos agrícolas y negó todo tipo de apoyo a los cooperativistas. La consigna era lograr por todos los medios demostrar que la reforma agraria era un fracaso, que los campesinos no podían administrar las tierras y que debía revertirse y devolver las fincas y haciendas a los acaudalados. Pero eso no pasó.

Ahora, 38 años después de aquel traumático proceso que significó la reforma agraria, la derecha busca revertir uno de los logros del distorsionado proceso que se impulsó para redistribuir las tierras con vocación agrícola del país.

Diputados de los partidos ARENA, GANA y PDC presentaron esta semana ante la Asamblea Legislativa un proyecto de acuerdo de reforma a la Constitución de la República que pretende eliminar el límite de posesión, de 245 hectáreas de tierra rústica, que puede tener una misma persona natural o jurídica.

La Constitución de la República establece en su Artículo 105 que la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de 245 hectáreas. También, prohíbe transferir los excedentes de las tierras a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Los diputados Juan Valiente, Mario Marroquín, Ernesto Muyshondt, Margarita Escobar, Mauricio Vargas, Patricia Valdivieso, Norman Quijano, de ARENA; Rodolfo Parker, del PDC; Guadalupe Vásquez y Mario Tenorio, de GANA, firmaron la solicitud de acuerdo de reforma.

Al reaccionar sobre este tema, el expresidente de la república, Mauricio Funes, dijo que la iniciativa de los diputados de la derecha era algo que se veía venir. Que no se ha producido la llegada de la nueva legislatura, el primero de mayo, en la que la derecha tendrá la mayoría absoluta, y los sectores oligárquicos ya iniciaron las acciones para devolver a los ricos los viejos privilegios.

La reforma propuesta revertiría uno de los pocos logros que heredó el proceso de reforma agraria de los años 80.

La reforma propuesta elimina ambas disposiciones y establece que “la ley en ningún caso determinará el destino o el uso de las tierras legalmente adquiridas por cualquier persona” y que “los propietarios de tierras podrán transferirla, enajenarla, partirla, dividirla o arrendarla libremente, sin limitación alguna”.

El diputado Juan Valiente, de ARENA, cree que la disposición es un obstáculo para cierto tipo de inversiones productivas y para el crecimiento económico del país. “Imagínese algún tipo de inversión productiva forestal, normalmente las plantaciones forestales requieren amplios terrenos porque el ciclo de recuperación de árboles ronda entre 12 y 25 años, si tiene propiedades pequeñas no son sostenibles”, ejemplificó.

El diputado Rolando Mata, del FMLN, dice que conocen que los grandes empresarios han presionado a los cooperativistas para que les vendan las propiedades y que eso sería “atentatorio” al “régimen económico y a los derechos establecidos a partir de la reforma agraria.

El diputado Guadalupe Vásquez, jefe de fracción de GANA, firmó la pieza de correspondencia. Ayer aseguró que se debe a “que algunos inversionistas necesitan amplias áreas de terreno”, aunque aseguró que el diputado Rodolfo Parker, del PDC, conocía más del tema.

La propuesta fue introducida el 11 de abril, pero ingresó al pleno de la Asamblea Legislativa el miércoles de esta semana. El acuerdo de reforma no podría ser aprobado por la actual legislatura, sino por los diputados del periodo 2015-2018, debido a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que exige este tipo de acuerdos antes de una elección legislativa y no después.

Pero lo futuros legisladores ya han dejado ver, con este tipo de iniciativas, cuales son sus planes para revertir parte de los logros del país en los últimos años.

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