sábado 19 de agosto de 2017
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Trasladan a 2,000 reos de bartolinas policiales a centros penales

Unos 2,000 reos que se encuentran en distintas bartolinas de la Policía Nacional Civil están siendo trasladados a centros penales, anunció el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.

El traslado se llevará a cabo mediante un proceso a desarrollarse a lo largo de los próximos 30 días, explicó el funcionario. Los traslados ya han comenzado, informó.

Esta reubicación se produce luego que el pasado jueves fuera clausurado el centro penal de Cojutepeque y sus 1282 reos trasladados a las cárceles de Izalco y Quezaltepeque.

“La meta es trasladar al menos 2,000 internos en un lapso de 30 días y ya aproximadamente la mitad de esa meta ya la está cumpliendo la policía”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad.

Actualmente permanecen detenidos en bartolinas policiales unos 5,000 reos, debido al hacinamiento del sistema penitenciario.

Con el traslado de los 2,000 internos a centros penales se estaría reduciendo la cantidad a 3,000.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el hacinamiento en que se encuentran miles de detenidos en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) y pidió al gobierno resolver esa crisis.

Según la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, hay bartolinas policiales donde un metro cuadrado lo comparten tres personas, como es el caso de la delegación de la PNC de Quezaltepeque.

O un servicio sanitario lo comparten hasta 400 detenidos, como ocurren en la delegación de Soyapango.

El sistema carcelario en El Salvador tiene capacidad para 8,400 internos, en 22 centros penales que existen en el país, pero en la actualidad hay 33,421 detenidos, entre sentenciados y reos aún no condenados. Es decir, cuatro veces más de la capacidad instalada.

La CSJ ordenó una inspección de algunas de las delegaciones policiales denunciadas, donde las bartolinas están rebasadas en su capacidad, y confirmó que las condiciones de hacinamiento son inhumanas y atentan contra la salud física y mental de los detenidos.

“Se debe promover el cumplimiento de penas que permita la reintegración social, familiar y una vida en libertad sin posteriores recaídas en el delito, las cuales no son posibles bajo estas condiciones de hacinamiento”, señala la sentencia de la Sala de la Constitucional de la CSJ.

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