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Tres militares salvadoreños implicados en masacre de jesuitas recuperarán su libertad

Tres de los cuatro militares salvadoreños detenidos en febrero pasado, por su implicación en la masacre de los padres jesuitas de UCA, recuperarán su libertad en las próximas horas por orden de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Fuentes judiciales informaron que, por unanimidad, los magistrados decidieron hoy que Antonio Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zárpate Castillo, recuperen su libertad sin ninguna restricción.
Al mismo tiempo, los magistrados decidieron que el cuarto militar detenido, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, siga procesado en el Juzgado Cuarto de Instrucción. El militar fue condenado en 1991 a 30 años de cárcel, pero la Ley de Amnistía lo dejó en libertad en 1993.
El pasado 13 de julio la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía aplicada a 32 casos investigados y documentados por la Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas tras el fin de la guerra civil.
Entre los casos figura la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ella, perpetrada por un comando especial del ejército en el interior de la Universidad Centroamericana, la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
A principios de este año, el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco solicitó la extradición de 17 militares salvadoreños acusados de la autoría material e intelectual de la masacre. El cinco de febrero pasado cuatro de ellos fueron capturados por la policía y llevados a una prisión, donde se encontraban hasta este día.

Los otros trece militares no han sido detenidos, pese a una orden internacional girada por la INTERPOL.

Los abogados defensores de los militares han insistido en que la captura de los cuatro militares es ilegal porque el caso ya fue juzgado y sentenciado en 1991. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional resolvió en su sentencia de inconstitucionalidad, el mes pasado, que los 32 casos investigados por la Comisión de la Verdad más otros crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto, no podrán ser amnistiados ni prescribir.
La UCA y la Compañía de Jesús consideran que el caso sigue en la impunidad pues el juicio de 1991 fue amañado y los autores intelectuales del magnicidio no fueron llevados ante la justicia. También reclaman que por tratarse de un crimen de lesa humanidad los militares no podían ser amnistiados.

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